Bolivia y el manoseo de sus instituciones


Las instituciones son mecanismos de orden social que cooperan en el gobierno de las personas que viven en un determinado territorio. Su influencia se la realiza a través de normas o reglas de conducta que a su vez derivan en procedimientos que deben de facilitar la vida de los habitantes y garantizar su igualdad de derechos y obligaciones. En un término más amplio una institución bien no será un lugar físico sino una conducta ya establecida (respetar el semáforo por ejemplo) o incluso una personalidad (Simón Bolívar bien es un claro ejemplo).
Las características más importantes de una institución son: permanencia, uniformidad de conductas, tener una función social y poseer instrumentos propios. Dos tipos incluye la clasificación de las instituciones: las instituciones normativas (reglamentos, códigos, etc.) y las instituciones políticas (Gobierno central, local o regional, administración pública).
Las naciones más desarrolladas del mundo se sienten orgullosas de la solidez de sus instituciones, de la madurez con la que se tratan los asuntos políticos en las esferas gubernamentales y de su propia nacionalidad.
En Bolivia en particular las instituciones han sido manoseadas desde siempre, el “pasanacu” por el cual han pasado entidades nacionales o departamentales ha dejado de lado la capacidad técnica en beneficio del cuoteo político. En este mismo sentido es que no confiamos en diversas instituciones que nos rodean y a las cuales debemos estar atados, sea porque existen indicios de corrupción o manoseo político, Bolivia es débil en su institucionalidad y por ende frágil en su propia madurez.
Fruto de este principio es que ya a inicios de la actual gestión gubernamental, se atacó a una institución muy fuerte tal cual es el Tribunal Constitucional y se logró – ya sea por ataques del oficialismo o por ineptitud de la oposición – descabezar a una entidad que ejercía el control constitucional en el país.
Ya desde sus inicios en las propuestas gonistas que implicaron el nacimiento del Tribunal se advertía el poder que ésta institución tendría, con capacidad legislativa post facto ante las demandas que pudiesen plantearse.
El tema de la constitucionalidad bien podría ser ampliamente debatido bajo el criterio de que la Constitución Masista, las Autonomías o el mismo Referéndum Revocatorio son en si mismos procesos viciados de ilegalidad. Correspondería en estricta justicia volver a foja cero si es que el Tribunal Constitucional analiza en detalle todo este proceso por el cual atraviesa Bolivia.
¿Qué habremos ganado a estas alturas con todo lo pasado (incluidos los muertos)?, ¿quién será responsable?, ¿cuál la responsabilidad de los Prefectos o el mismo Gobierno en sus afanes radicales?, la única respuesta posible es que nuevamente perdemos todos y el país sigue sumido en la misma miseria en que ha vivido desde siempre.
A pocos días de un referéndum que poco o nada aportará al país seguimos empatados y olvidando que el mundo sigue su marcha y nosotros nos quedamos cada vez más retrasados.
¿Y cuál nuestro rol en esta debacle nacional?, ¿seguir enfrentados?, ¿promover una revuelta?, ¿protestar desde nuestras viviendas?, quizás la única solución pasa por exigir por todos los medios posibles un diálogo sincero entre aquellos que tanto nos han separado. Porque algo que debemos asumir cada uno es que somos responsables de lo que vaya a pasar en el país, los efectos de lo que Evo o los Prefectos vayan a determinar afectará a nuestras familias y por ende nuestras vidas, bien decía Alberto Moravia: “curiosamente, los votantes no se sienten responsables de los fracasos del gobierno que han votado”.

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