El poder judicial bajo fuego


Quizás porque conozco personalmente a Eddy Fernández, quizás porque es un amigo y alguien a quien considero probo y digno de defensa me animo a escribir afirmando que no es posible pactar por encima de la justicia y con claros fines políticos.
En Bolivia, como en muchos lugares del mundo, se ha establecido un principio de independencia de los poderes del Estado, afirmando que la negación de tal principio deriva en la tiranía.
La historia de la humanidad ha mostrado que el ser humano tiene un sin fin de falencias, dentro de estas figuran también las desmedidas ambiciones de poder y por ende la lucha histórica por obtener el control total. Dentro esta lógica se considera que la división de poderes debiera garantizar, al menos en cierta medida, una estabilidad social que aleje a lo político de lo justo.
Cuando Montesquieu, Rousseau, Locke y Hamilton se planteaban la división de poderes se fundaba todo en su independencia, la lógica de esto es que el ciudadano busca protección incluso de otros ciudadanos y del Estado, con mayor detalle Charles Louis de Secondat de Montesquieu describe en su obra “Del espíritu de las leyes” la división entre poder legislativo, ejecutivo y judicial. Fruto de esto nace lo que se conoce como el Estado Liberal que es la base del constitucionalismo moderno, incluida la Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (a pesar de que algunos no lo acepten).
A su turno el Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en la sociedad según las normas vigentes y con operadores (llámense administradores de justicia) probos e imparciales. Si bien el Poder Judicial Boliviano seguramente tiene falencias, en muchos casos provocados por la excesiva carga procesal y la falta de recursos, no es permisible aceptar con simple paciencia que se avasalle su existencia al decapitarle a costa de intereses políticos.
Más irónico resulta exigir celeridad en determinados casos cuando en los hechos no se permite un juicio justo al Prefecto de Pando, o cuando se calla a Santos Ramírez y se prohíben las conferencias de prensa o cuando se lava la imagen de autoridades posiblemente afectadas en temas de contrabando.
Todos los países desarrollados consideran la independencia del Poder Judicial como algo prioritario, en cuya espalda descansa el fundamento de que la democracia no dé paso a la tiranía.
Quizás es momento de que las y los bolivianos reflexionemos respecto a lo que venimos soportando a costa de ideologías políticas y que consecutivamente venimos sacrificando cabizbajos ante los continuos “cambios” que vivimos.

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