Cual fuerza omnipotente, suprema e inalcanzable a los ojos de los simples mortales que yacen pasivos y hasta indiferentes, se alza el poder ejecutivo del Estado Boliviano, con facultades que para otros gobiernos eran simplemente inimaginables, o que en su comento al menos provocaban – mínimamente –un respeto hasta cierto punto sepulcral por mantener una imagen sólida de aquello que en un momento fue denominado “independencia de poderes”.
Más allá de las buenas intenciones, o discurso platónico del Presidente Morales, es imposible imaginar – siquiera en una fracción de segundos – la posibilidad de que se sostenga independencia en el accionar de quienes fueron designados con aval de un órgano eminentemente político tal cual constituye el Ejecutivo de la nación. Similar cosa se observaba cuando el cuoteo político también ingresaba, cual ratas escapando del hundimiento de un navío, para las designaciones de autoridades, sean o no del Poder Judicial.
El argumento es simple, la visión es nefasta y el resultado no puede sino preocuparnos, quien le debe a otro algo terminará por pagarle, o al menos retribuirá en una mínima parte el beneficio obtenido y por ende cumplirá lo que sea más conveniente para quien fue – en su momento – el bienhechor de un cargo. De igual manera el dictaminar de manera cívica y hasta con un cierto grado febril, que si uno comete un delito debe ir a la cárcel, aún tratándose del propio Presidente de la República o de un Ministro de Estado, es un discurso que tenía que darse hasta en los sueños del opositor más pintado, era lógico que debían de figurar estas arengas que, de dientes para afuera, son altamente efectivas ante una sociedad acostumbrada a la promesa y al “charle”.
Ya desde las primeras ideas de Estado dadas por Platón, pasando por Nicolás Maquiavelo y llegando (por referir a algunos de los autores clásicos de la ciencia política) a Montesquieu se discutía – con fervor, vehemencia y hasta un grado necesario de locura – respecto a la mejor forma de organización de las sociedades humanas, así nacerían conceptos básicos como el respeto al otro, al que es distinto y hasta contrario a uno, al que se obliga en la misma medida en que yo lo hago con el único fin de respetar y mantener aquello que todos los seres humanos anhelan cuando se aglutinan para vivir en sociedad, un espacio de paz y posibilidades de desarrollo para sí y los suyos, así también se exigiría la sanción para aquel que no acepte la forma de organización social aceptada por la mayoría – llámese la imposición democrática – y por supuesto nacerán quienes están llamados a exigir y demandar el cumplimiento de ese contrato social que bajo la forma de la Constitución Política y las leyes es el código de conducta de estantes y habitantes de un territorio, sin embargo y para garantizar que no se presente aquello que fue conocido como tiranía o mejor enfocado despotismo, autores como Montesquieu plantearon que el Estado debía de estar dividido en tres poderes u órganos, un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial, independientes los tres a fin de garantizar que nadie, por mayor apoyo que pueda tener en un momento dado, pueda ejercer el poder de manera unilateral.
Esta regla, básica y simple de toda nación y estado se ha quebrantado con la denominada “Ley Corta”, quedará pendiente en el ambiente la promesa de garantizar, tal cual parecerá pretender el Gobierno de turno, un estado que tenga independencia de poderes y por ende se respete a sí mismo y a sus ciudadanos y ciudadanas.
Más allá de las buenas intenciones, o discurso platónico del Presidente Morales, es imposible imaginar – siquiera en una fracción de segundos – la posibilidad de que se sostenga independencia en el accionar de quienes fueron designados con aval de un órgano eminentemente político tal cual constituye el Ejecutivo de la nación. Similar cosa se observaba cuando el cuoteo político también ingresaba, cual ratas escapando del hundimiento de un navío, para las designaciones de autoridades, sean o no del Poder Judicial.
El argumento es simple, la visión es nefasta y el resultado no puede sino preocuparnos, quien le debe a otro algo terminará por pagarle, o al menos retribuirá en una mínima parte el beneficio obtenido y por ende cumplirá lo que sea más conveniente para quien fue – en su momento – el bienhechor de un cargo. De igual manera el dictaminar de manera cívica y hasta con un cierto grado febril, que si uno comete un delito debe ir a la cárcel, aún tratándose del propio Presidente de la República o de un Ministro de Estado, es un discurso que tenía que darse hasta en los sueños del opositor más pintado, era lógico que debían de figurar estas arengas que, de dientes para afuera, son altamente efectivas ante una sociedad acostumbrada a la promesa y al “charle”.
Ya desde las primeras ideas de Estado dadas por Platón, pasando por Nicolás Maquiavelo y llegando (por referir a algunos de los autores clásicos de la ciencia política) a Montesquieu se discutía – con fervor, vehemencia y hasta un grado necesario de locura – respecto a la mejor forma de organización de las sociedades humanas, así nacerían conceptos básicos como el respeto al otro, al que es distinto y hasta contrario a uno, al que se obliga en la misma medida en que yo lo hago con el único fin de respetar y mantener aquello que todos los seres humanos anhelan cuando se aglutinan para vivir en sociedad, un espacio de paz y posibilidades de desarrollo para sí y los suyos, así también se exigiría la sanción para aquel que no acepte la forma de organización social aceptada por la mayoría – llámese la imposición democrática – y por supuesto nacerán quienes están llamados a exigir y demandar el cumplimiento de ese contrato social que bajo la forma de la Constitución Política y las leyes es el código de conducta de estantes y habitantes de un territorio, sin embargo y para garantizar que no se presente aquello que fue conocido como tiranía o mejor enfocado despotismo, autores como Montesquieu plantearon que el Estado debía de estar dividido en tres poderes u órganos, un Ejecutivo, un Legislativo y un Judicial, independientes los tres a fin de garantizar que nadie, por mayor apoyo que pueda tener en un momento dado, pueda ejercer el poder de manera unilateral.
Esta regla, básica y simple de toda nación y estado se ha quebrantado con la denominada “Ley Corta”, quedará pendiente en el ambiente la promesa de garantizar, tal cual parecerá pretender el Gobierno de turno, un estado que tenga independencia de poderes y por ende se respete a sí mismo y a sus ciudadanos y ciudadanas.
Es un termino importante quiere desir que si uno comete delitos errores debe ir a la carcel porque no hay de otra forma como hacer pagar sus cuentas de erroneidad la FELCC se encarga de todo tipo de crimenes de corrupcion a aquellas personas que han violado manipulado etc. en fin un monton de cosas que desir la ley sera lo mismo para todos sean diputados ministros hasta incluso el presidente etc.la sancion sera igual para todos bajo la constitucion politica del estado y las leyes""""""""""JHONNY DIAZ C."""""""""""""
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