¿Existen presos políticos en Bolivia?

Publicado en el periódico Los tiempos el sábado 22 de septiembre de 2012 Los obispos de la Iglesia Católica de Bolivia sugirieron en días pasados que en calidad de “gesto de pacificación” se pueda declarar una amnistía para encarcelados, exiliados y refugiados políticos, aduciendo además que este sería un gesto de reconciliación e indicaron que resulta aberrante el uso de la justicia para perseguir judicialmente a aquellos que se encuentren disconformes con el proyecto político que vive el país. En respuesta, la Ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, así como otros legisladores del oficialismo, negaron que existan presos políticos en el país. En esta lógica cabe analizar aspectos fundamentales que pueden ayudar a mejor comprender esta discusión, obvio desde una óptica académicamente fundamentada. Si definimos preso político, se hace referencia a una persona física que es retenida en un centro penitenciario o en otro ambiente que limite su libertad, debido a que las ideas por él expresadas significan una amenaza para el sistema político imperante en un estado, es así que aquellos que detentan el poder siempre negarán tal condición a aquellos que sufren esta condición, pero, ¿existen presos políticos en Bolivia? Analicemos los antecedentes desde una lógica muy sencilla, es esencial priorizar que los estados mantienen en su estructura organizativa, para existir, de acuerdo a la visión que ya Montesquieu planteaba en su obra “Del espíritu de las leyes” (1748), una división sustentada en la existencia del poder legislativo, ejecutivo y judicial. Este último, independiente del poder ejecutivo y legislativo, garantizaría de manera autónoma la correcta administración de las leyes en un país, situación, que cabe indicar siempre tuvo complejidades que pasaron en Bolivia, como en muchos otros estados, por el apoyo político que debían tener las autoridades que pretendían funciones en el poder judicial (elegidos por el entonces Congreso Nacional), hoy en día elegidos por elecciones populares tras un filtro político igualmente discutible. Aterrizando ahora dichos antecedentes, si el gobierno en cualquier estado, incluido por supuesto el boliviano, influye en este Poder Judicial para coaccionar, perseguir, procesar y finalmente detener y limitar la opinión de aquellos a quienes considera contrarios a su régimen, se identifican las características básicas para ser considerados como presos políticos. En nuestro país, existen actualmente autoridades que son objeto de procesos legales (demorados y muchas veces cuestionados), un caso emblemático resulta ser Leopoldo Fernández (preso desde el 2008 sin sentencia ejecutoriada) pero las limitantes y autocensuras se han extendido a muchos niveles y, conforme afirma la oposición, son muchos los que ya ven limitada su acción y son perseguidos políticos. Debe, el gobierno nacional, dar muestras más claras de que no existen perseguidos políticos en Bolivia, en tanto la Iglesia Católica tiene la razón.