Más sabe el diablo por viejo que por diablo

Todo Estado se ha formado considerando la lógica de que su fin principal es el bienestar de su población, para dar cumplimiento a esto sus funciones se han establecido a través de sus actos legislativos, ejecutivos y judiciales. A la par los elementos del Estado, constituidos por la población, territorio y poder, tienen en el ejercicio pleno de la norma las garantías para que los ciudadanos puedan asumir obligaciones y requieran asimismo el cumplimiento estricto de sus derechos. La aplicación de toda ley tiene alcance en el territorio de este Estado, bajo diversas consideraciones constitucionales y otras normas de menor jerarquía en su conjunto van delimitando las acciones de la población que vive en este territorio y se somete a este poder.
En la sociedad, ya subdivida en estamentos y en todo tipo de agrupaciones, existen organismos encargados de vigilar la aplicación de la norma por sobre esa población, pero ¿qué sucede cuando una parte de esa población, llámese Consejo de Mallkus o cualquier otra agrupación, pretende no cumplir el poder que se supone ejerce el Estado a costa de mal interpretaciones en torno a conceptos como la justicia comunitaria?, ¿debe ser posible tranzar, por ejemplo la vida humana, entre muchas otras cosas que en Bolivia solemos negociar? Y cabe mencionar, como ejemplos, que en nuestra patria en diversas oportunidades las agrupaciones ciudadanas, sindicales, universitarias, del magisterio, del transporte, o de a quien vainas le interese, pueden ejecutar acciones de hecho en las que se destruye la propiedad (vehículos con parabrisas rotos, puestos de venta de chicles, escaparates de tiendas y un sinfín de cosas) o incluso se atente contra la vida misma (por ejemplo el joven Urresti, entre una larga lista de personas que murieron y dieron su vida por nada, sí, literalmente: nada) y estamos acostumbrados a negociar, al charle, a que luego y a pesar de las pruebas que puedan existir se borre con el codo lo que la norma escribió con la certeza de que se cumpliría. Y eso sucede en todo, más recientemente los aberrantes planteamientos del Consejo de Mallkus de Uncía, pidiendo la legalización de los autos chutos de sus pobladores o el respeto de una supuesta justifica comunitaria. Si se aceptase esto, mañana deberemos de acceder a ver que el ayllu tal o cual cosa, mate, robe o viole y se escude en la justicia comunitaria y habría que negociar sobre esto. Malos antecedentes resultaron ya en su tiempo cuando los líderes de atentados contra bienes públicos, detenidos por las fuerzas del orden, fueron liberados a cambio de que se arreglen o siquiera relajen los conflictos existentes.
Hace varios años atrás, en 1981, Margaret Thatcher, conocida como la Dama de Hierro, afirmaba: “un crimen es un crimen, no es política” haciendo alusión a las negociaciones que pretendían obtener prisioneros del IRA y del Ejercito Nacional de Liberación Irlandés, quienes sostuvieron una huelga de hambre para ostentar un status de prisioneros políticos cuyo fin llegó con la muerte por inanición de al menos nueve de estos criminales. Si bien no es posible dejar el lado humano, debe existir un principio bien marcado de autoridad en el cual la firmeza pueda imponerse en un país acostumbrado a la viveza criolla, un país donde el policía tránsito te pide “aporte voluntario” en vez de aplicar una multa, donde el micrero se detiene donde quiere mientras la autoridad solo atina a quedar sin aire debido al resople de su pito y a la inexistente sanción, donde los comerciantes informales sostienen gran parte de la economía familiar y las iniciativas privadas son coartadas, donde lo político sigue siendo más importante que lo académico y lo técnico, donde el que no es vivo peca de gil, donde más sabe el diablo por viejo que por diablo.