El Estado, como sociedad jurídica y políticamente organizada, es reflejo del pacto social que cohesiona a la población que de manera voluntaria ha delegado su soberanía para poder subsistir, y es conducida por un gobierno quien rige el manejo de la administración pública, que existe, en sí, para satisfacer las necesidades de dicho grupo humano. Y es que Estado y Gobierno no son la misma cosa, el Estado en sí implica la suma de la población, el territorio, el poder (que se ejerce sobre los anteriores) y, a nivel internacional, la soberanía; en cambio el Gobierno viene a ser la autoridad que dirige al Estado.
El gobierno es elegido como una suerte de conductor de este vehículo que es el estado y toda la población espera que le conduzca por mejores caminos, cada gobierno toma su propia visión de desarrollo fundada en una propuesta que fue la elegida por la población a momento de la votación. Así fue que los gobiernos de distinto tipo y color han sido conductores del país, no todos cumpliendo lo ofertado y la gran mayoría con numerosos problemas y conflictos de por medio, al punto de que muchas veces se ha cuestionado si los que fallan son los gobernantes o los gobernados.
En esta misma lógica es que todo gobierno sostiene, dentro estos programas políticos sus propias políticas o cuestiones gubernamentales que constituyen, en mayor o menor grado, a la gestión que pretende desarrollar. Así también, existen políticas de Estado, en el caso boliviano un claro ejemplo es el tema marítimo, cuya aspiración es un tema irrenunciable sea cual fuere el partido de gobierno, es un tema ya de Estado.
Las recientes discusiones –tragedias de por medio– en torno a los cultivos de coca traen a la memoria el recuerdo de que bajo el gobierno de turno, la coca es importante, sea como elemento económico fundamental de una base social de la cual nació la figura del caudillo, hoy presidente, o sea porque es materia base para la producción de sustancias ilícitas, en ambos casos temas de contradicción y delicados por su relevancia nacional.
El presidente evidentemente debe a sus bases cocaleras su propia vigencia y fuerza política. Aún funge como líder de las Federaciones del Trópico, y a la vez es el mandatario de la confianza del resto del país. Ante los reclamos que surgen de los productores de hoja de coca exigiendo negociar los límites de sus plantaciones, ¿cuál es el rol que asumirá el presidente?
¿Será el presidente de todos los bolivianos o será el dirigente sindical?
Compleja la situación del presidente del Estado, pero debe en suma y para conclusión lógica de un gobierno que pueda preciarse de ser técnico, alejarse de su rol sindical y asumir el de líder de un país, que lo que menos requiere es dar señales de debilidad ante una comunidad internacional que cada vez duda más de nuestras políticas en ciertas áreas. Recuerden, nuestros líderes que la coca, a lo sumo es hoy una cuestión circunstancial del Gobierno, no un tema de Estado.
El Estado, como sociedad jurídica y políticamente organizada, es reflejo del pacto social que cohesiona a la población que de manera voluntaria ha delegado su soberanía para poder subsistir, y es conducida por un gobierno quien rige el manejo de la administración pública, que existe, en sí, para satisfacer las necesidades de dicho grupo humano. Y es que Estado y Gobierno no son la misma cosa, el Estado en sí implica la suma de la población, el territorio, el poder (que se ejerce sobre los anteriores) y, a nivel internacional, la soberanía; en cambio el Gobierno viene a ser la autoridad que dirige al Estado.
El gobierno es elegido como una suerte de conductor de este vehículo que es el estado y toda la población espera que le conduzca por mejores caminos, cada gobierno toma su propia visión de desarrollo fundada en una propuesta que fue la elegida por la población a momento de la votación. Así fue que los gobiernos de distinto tipo y color han sido conductores del país, no todos cumpliendo lo ofertado y la gran mayoría con numerosos problemas y conflictos de por medio, al punto de que muchas veces se ha cuestionado si los que fallan son los gobernantes o los gobernados.
En esta misma lógica es que todo gobierno sostiene, dentro estos programas políticos sus propias políticas o cuestiones gubernamentales que constituyen, en mayor o menor grado, a la gestión que pretende desarrollar. Así también, existen políticas de Estado, en el caso boliviano un claro ejemplo es el tema marítimo, cuya aspiración es un tema irrenunciable sea cual fuere el partido de gobierno, es un tema ya de Estado.
Las recientes discusiones –tragedias de por medio– en torno a los cultivos de coca traen a la memoria el recuerdo de que bajo el gobierno de turno, la coca es importante, sea como elemento económico fundamental de una base social de la cual nació la figura del caudillo, hoy presidente, o sea porque es materia base para la producción de sustancias ilícitas, en ambos casos temas de contradicción y delicados por su relevancia nacional.
El presidente evidentemente debe a sus bases cocaleras su propia vigencia y fuerza política. Aún funge como líder de las Federaciones del Trópico, y a la vez es el mandatario de la confianza del resto del país. Ante los reclamos que surgen de los productores de hoja de coca exigiendo negociar los límites de sus plantaciones, ¿cuál es el rol que asumirá el presidente?
¿Será el presidente de todos los bolivianos o será el dirigente sindical?
Compleja la situación del presidente del Estado, pero debe en suma y para conclusión lógica de un gobierno que pueda preciarse de ser técnico, alejarse de su rol sindical y asumir el de líder de un país, que lo que menos requiere es dar señales de debilidad ante una comunidad internacional que cada vez duda más de nuestras políticas en ciertas áreas. Recuerden, nuestros líderes que la coca, a lo sumo es hoy una cuestión circunstancial del Gobierno, no un tema de Estado.
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