El mandatario boliviano Evo Morales, ya considera su re elección indefinida, anunció, a pedido de agrupaciones afines, que en el último mes de este año debatirá si se presenta a una nueva postulación que le llevaría a una posible presidencia que se extendería del 2020 hasta el 2025. La Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, en un ataque de fanatismo y desconocimiento de la ley, ha propuesto al mandatario su elección vitalicia.
Si en la realidad se plasma una hipotética victoria de Morales, sería su cuarto mandato consecutivo y ejercería como Presidente por un lapso de 19 años. Este arrebato de egocentrismo tendría que arribar con una modificación constitucional de por medio, la que no se descarta habida cuenta de los antecedentes que han mostrado que el mandatario andino está acostumbrado a “meterle no más” aún por encima de la ley.
El mismo año que Evo Morales era electo presidente por primera vez, otro Latinoamericano, escritor fabuloso y connotado periodista, Gabriel García Márquez, afirmaba en una nota de La Vanguardia en Barcelona: “Como escritor me interesa el poder, porque resume toda la grandeza y miseria del ser humano", frase que se acomoda muy bien al caso de los líderes de Sur de América en la que bien puede destacar un líder por sus grandes obras y luego puede caer por sus ambiciones de perpetuidad; raros son los casos como el de Mujica, quien a base de un trabajo bien cumplido cerró su gestión exitosamente y evitó la seducción del poder.
La re elección de Morales en el gobierno boliviano vendría a quebrar el ya afectado Estado de Derecho, fundado sobre la base de una idea muy antigua y que la propuso el francés Montesquieu en su obra El espíritu de las leyes (1748): la separación de poderes. Esta fragmentación del poder estatal tiene por único fin evitar que el dominio quede en manos de uno solo (el monarca de aquel entonces, el caudillo de hoy día), y que se garantice algo muy importante para la existencia de todo sistema democrático: el ejercicio pleno de los derechos de las y los ciudadanos. Estas garantías, pretendidas por la sumisión del Estado a la norma jurídica, se ven afectados por las pretensiones de la corriente neo populista que navega por América Latina en la que los caudillos de varios países pretenden perpetuarse en una gestión de gobierno que esperan nunca concluya.
Hablar de una re elección implica daño a la institucionalidad, ya que este camino se abrirá con la modificación de la Constitución (manipulación y presión de la Asamblea Legislativa Plurinacional), ante lo cual habrán reclamos y serán zanjados por el Órgano Judicial (ya muy afectado en su imagen ante el dominio que ejercita el Ejecutivo en la quebrada independencia del órgano jurisdiccional), en pocas palabras el Estado de Derecho será nuevamente manipulado, modificado en función a la conveniencia del grupo de poder de turno. Triste historia que pareciese definirse ya desde esos anuncios que no sorprenden pero preocupan.
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