Los “autoconvocados” (léase afines al MAS) son en los hechos
un grupo de mercenarios que bien pueden dañar y quizás hasta matar por dinero;
estos personajes, que en la realidad son personas pagados por Evo Morales para crear
conflicto, se sirven de un chantaje injusto, indebido y criminal, por medio del
cual asfixian cuando quieren a una ciudad que cada dos por tres vive ahogada en
su propia porquería.
Estos sujetos no tienen ninguna organización a la cual
representen, no existe ninguna persona jurídica que exista en función a ellos,
pero sin embargo en base a presión han conseguido que las autoridades pacten
con ellos en una suerte de negociación con quienes debieran estar en la cárcel
en vez de sentirse triunfadores.
Nunca pudimos solucionar el eterno problema del botadero de
K'ara K'ara, porque por un lado ninguna autoridad tuvo la visión necesaria para
afrontarlo y porque nunca fue prioridad preocuparse por la higiene. Ojalá y
ahora este tema quede como una prioridad a atender para las nuevas autoridades
(porque las actuales van de tumbo en tumbo y de metida de pata en metida
de pata).
Volviendo al tema de los autoconvocados, estos malandros
lograron sus objetivos en base a violencia y dañando vehículos y oficinas, por
lo que mañana cualquier hijo de vecino podrá reclamar y afectar a toda la
colectividad por su propio interés y beneficio únicamente basando su demanda en
la coacción.
Es absurdo pensar que en plena pandemia, mientras los
médicos tratan de salvar vidas con los pocos recursos que les brindan la
pobreza y la corrupción, ellos encima bloqueen el acceso al botadero de la
ciudad.
Es precisamente esta gente, a la que le interesa un comino
las nociones mínimas de convivencia, la que evita el progreso y el desarrollo
del país, porque por unos pocos pesos pueden ir a romper lo que les venga en
gana, porque no se cuidan ni cuidan de los suyos, porque quieren seguir
viviendo del dinero que les llovió en los 14 años de ese populismo morboso en
el cual hicieron y deshicieron a sus anchas.
Mal han hecho las autoridades en reconocer algo a quienes
debieron arrestar al primer bloqueo, no sólo por restringir el libre tránsito,
sino y principalmente porque son culpables de un delito a la salud
pública.
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