Montesquieu planteó la división del poder para garantizar la existencia equilibrada del estado de derecho, su óptica se basaba en la existencia de pesos y contrapesos, los que al existir de modo independiente lograban la fórmula ideal: que el poder controle al poder.
Tres fueron los caminos que Montesquieu definió para la división de los poderes, un órgano ejecutivo que ejercía funciones administrativas y políticas, un órgano legislativo encargado de dictar las leyes y en el cual se representa al pueblo y un órgano judicial o jurisdiccional que es el encargado de resolver las disputas que puedan existir en la sociedad.
Precisamente es este último un factor fundamental para el respeto a los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad, porque la garantía de un poder independiente al cual uno pueda acudir en caso de conflicto es el pilar fundamental de la existencia social. En resumen mis derechos no son menos que los derechos de los otros y por ende tampoco podrán ser más.
Este razonamiento, garantista y constitucional, se refleja en todos los países democráticos del mundo, pero lamentablemente no siempre funciona del mismo modo en todos.
Las democracias son mejores en virtud del respeto a este principio, vale decir que entre más independiente es el órgano judicial, más institucional el legislativo y más técnico el ejecutivo, un país es un mejor país.
Muchos países adolecen de fallas crónicas, siendo una de las más terribles la falta de independencia del poder judicial. Bolivia no es la excepción.
No es ningún secreto que las autoridades jurisdiccionales, más allá de su capacidad técnica, están sujetas a la presión del poder. Pero sí es terrible, horrible y fatal, que muchas de las autoridades jurisdiccionales dobleguen su imparcialidad y su profesionalismo ante el peso inexorable del poder.
Sucedió cuando el régimen de 14 años de Evo Morales cayó y empezaron a llover los procesos judiciales contra las otrora poderosas autoridades, pasa ahora cuando ya se vislumbra el cambio de gobierno y el retorno de la política anterior provoca que los procesos sigan el camino inverso. Hoy se levantan las órdenes de aprehensión y se apunta con el dedo a las autoridades que muy pronto dejarán el timón del mando.
La conclusión es muy simple: el poder judicial está sujeto al poder político y eso es un antecedente fatal para toda sociedad humana. Si esto no cambia, nada cambiará.
El madrileño Francisco de Quevedo (1580-1645) afirmó: Donde hay poca justicia es un peligro tener razón. Bolivia, tristemente, va por ese camino.
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